Thursday 3 December 2009

¿Quién es el pirata?

Después de todo, esta estúpida propuesta de ley ha servido para algo. Alvy, de Microsiervos ha comentado la reunión de los internautas con la Ministra y me han llamado especialmente la atención estos dos comentarios:

“Aparte de esto, queden para la posteridad un par de anécdotas que nos contó Ángeles González-Sinde en persona, que demuestran lo absurda que llega a ser la situación algunas veces. Ella misma se mostró molesta porque en un reciente cambio de ordenador tuvo que recurrir a expertos informáticos porque las canciones que había comprado en iTunes no podía pasarlas de su ordenador viejo a otro nuevo –uno de los problemas de los absurdos sistemas DRM–. “

Bueno, en realidad esto no es un “Problema”. Es que lo que compras es una copia para ese ordenador (ah ¿que no te gusta la idea? Pues no lo compres, al fin y al cabo GrooveShark o Spotify son gratis), pero el segundo tiene más “gracia”:

“También explicó que ni siquiera ella misma tiene claro por qué no puede alguien hacerse fácilmente una copia de una película que ha comprado y tiene en su casa a otro DVD, por ejemplo para llevársela a la casa de la playa.”

La pregunta no es ya que no puedas hacer una copia a la que tienes derecho, la pregunta es que… si me estás cobrando un CANON por hacer esa copia, y luego me impides hacer una copia… me estás timando, luego ¿Quién es el pirata?

¿No eres la ministra de cultura? Pues acláralo. Y, sobre todo, arréglalo.

Wednesday 2 December 2009

En defensa de los derechos fundamentales en Internet

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

  1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
  2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
  3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
  4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
  5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
  6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
  7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
  8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red, en España ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
  9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
  10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Este manifiesto, elaborado de forma conjunta por varios autores, es de todos y de ninguno. Se ha publicado en multitud de sitios web. Si estás de acuerdo y quieres sumarte a él, difúndelo por Internet.

También está disponible en inglés, catalán, gallego, asturiano y aragonés.